Ante el terremoto de Chinchona

FRENTE A FRENTE

Fue reconfortante constatar como, a raíz del terremoto que el jueves 8 azotó diversas comunidades de Alajuela y Heredia y conmocionó al país, la ciudadanía y diversas organizaciones e instituciones se volcaron de inmediato a colaborar con los damnificados según sus posibilidades. Pero podemos dar aun más.

El Gobierno está demostrando con acierto su decisión y voluntad para ayudar a los damnificados, tanto a través de sus primeras acciones como a partir de la Comisión de Coordinación recién nombrada, en la que incluirá también a la empresa privada para implementar en forma ágil diversas acciones, entre las que recomendaríamos:

Los bancos estatales –que reportan ganancias millonarias- deberían no sólo ampliar los plazos y bajar los intereses de los damnificados, sino ojalá condonar de inmediato todas sus deudas. Y los bancos privados, mutuales y cooperativas, deberían, por solidaridad y responsabilidad social, hacer lo propio.

Los desarrolladores y empresas constructoras deberían donar materiales y dar facilidades especiales para dotar de casa a quienes las perdieron.

Todos los entes financieros deberían abrir nuevas líneas de créditos en condiciones particularmente blandas para los damnificados, en especial en las líneas hipotecaria y de inversión y producción, para los agricultores y ganaderos.

Es de destacar la buena labor que coordina el MAG con el apoyo de la Banco de Desarrollo; la Cooperativa Dos Pinos deberá hacer lo propio con dinero y asistencia técnica, dado que muchas de las fincas ganaderas afectadas eran sus asociadas.

Para una solución inmediata a la falta de techo de los damnificados es oportuno que el INCOFER facilite vagones de ferrocarril, pero es vital que el IMAS se apure en aportar el alquilar de viviendas en forma temporal para quienes actualmente se encuentran en los distintos albergues por no tener otro lugar que los cobije.

Es muy conveniente que el BANHVI considere comprar y/o expropiar lotes en zonas seguras cercanas a la del terremoto para ubicar damnificados procurando el menor desarraigo posible, pero esto debe hacerse a la mayor brevedad, en días, no meses.

El ICT y la Cámara Nacional de Turismo deberían brindar créditos, servicios y facilidades extraordinarias para las empresas turísticas de la zona que se vieron afectadas.

El ICE, A y A, la CCSS y otras instituciones de servicios no deberían cobrar por estos a los damnificados hasta que logren la estabilidad. Y las Municipalidades deberían hacer lo propio.

Y todas las instituciones que así estén colaborando deberían enviar de inmediato a sus funcionarios a las zonas afectadas para informar y asesorar a los damnificados.

Todos los diputados deberían aprobar de inmediato los créditos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por $65 millones y del Banco Mundial por $850 millones, que están pendientes en la Asamblea Legislativa, para poder invertir a la mayor brevedad los dineros que requieren los cantones afectados por el terremoto.

Este domingo 18 se realizará una colecta nacional para los damnificados a través de todas las iglesias católicas; deberían sumarse también las evangélicas y de otras denominaciones.